Video vigilancia en Morelia. Coerción y condivisión.

El asunto se mostró despojado de la función primaria de brindar seguridad al Habitante, por una reyerta orientada hacia particulares, favorecido por la falta de una legislación moreliana de video vigilancia.     

No obstante los antecedentes que otros estados de Méjico sembraron, el que llevó la iniciativa en Morelia se empeñó en mantener el contrato de las cámaras para video vigilancia bajo las faldas de un cabildo hacia el que desvío las cualidades de coerción y legitimación que han identificado los discursos de él.

A la sesión de cabildo del 26 de septiembre se llevó la decisión final. Sin una legislación local previa, ni propuesta para ella, el individuo sintió haber salido ganador por decisión, en una metáfora de los combates pugilísticos de que tanto gusta, cuando a la réplica de un integrante del cabildo sobre quién había tomado la decisión de extender el contrato que motivó las cámaras, dijo “el cabildo”. Y este, mediante dos de sus otros miembros, (partidarias de la iniciativa), ya había protegido a su presidente al anticipar cualquier reacción de este ante los ganchos que tiraba aquel, con los impulsos de su aguador, su compañero de fracción.

El combate tuvo que recurrir a la decisión. Sin argumentar noción ni justificar beneficio social de la instalación de video cámaras. La solicitud era que se devolvieran si no cumplían con los requerimientos del centro de investigación y seguridad nacional. El que proponía la iniciativa tenía otra idea: destinarlas a la seguridad del principal edificio municipal y el personal que allí tiene su centro de trabajo. La finalidad deja de ser, así, una protección pública, para obtener una privada.

Y es que, recuerda el punto de acuerdo presentado por su contrincante en la sesión, una empresa de equipamientos urbanos del país, con quien la municipalidad firmó en 2001 un contrato por quince años para obtener esquilmo monetario por publicidad en paraderos de transporte público en luminarias propiedad de la empresa. Esta pagaría con la instalación de los paraderos, en un precedente de la concesión a particulares de espacios públicos, de manera gratuita, tan nítida doce años después. Para mantener ese beneficio, y aumentar el contrato seis años más, la empresa entregó al municipio quinientos tambos depositarios de basura para ser colocados en el centro, y negociar con las cámaras la extensión del contrato hasta el año 2031.

El punto de acuerdo recuerda sesión “a efecto de modificar algunas cláusulas del contrato de concesión celebrado con fecha 18 de diciembre del 2001, para pactar la entrega de 100 cámaras de seguridad para exteriores y modificar el término de vigencia del contrato por 6 años más (Considerando VIII, Dictamen Autorización al Presidente y Sindico, firma del Convenio Modificatorio al Contrato de Concesión).

  1. El 10 de mayo del 2013, se firma el ADDENDUM AL “CONTRATO DE CONCESIÓN”, QUE CELEBRAN EL AYUNTAMIENTO DE MORELIA Y LA EMPRESA “EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.” Conteniendo las siguientes clausulas:

PRIMERA.- Se adiciona el inciso g) a la CLAUSULA TERCERA, quedando de la siguiente manera: g) La entrega en donación a título gratuito de 100 cámaras de seguridad para exteriores, de última generación, marca Sony (modelo CZ100-IIRRC o del modelo PTZ400 22X), avaladas por las autoridades federales competentes cotización (anexo 2), las cuales serán instaladas a costa de (la concesionaria) por la empresa denominada (Dinamo Luz S.A. de C.V.) en un plazo de 60 días  a partir de la firma del presente, en la infraestructura ya existente, la instalación del C4 estará a cargo del (Ayuntamiento) y mismas que serán operadas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana.

SEGUNDA.- Se modifica la (CLAUSULA QUINTA), quedando de la siguiente manera:

QUINTA.- PLAZO DE CONCESIÓN. La concesión objeto de este contrato, tendrá una vigencia a partir del día siguiente de la terminación del plazo que se señala en la cláusula SEXTA del contrato de permuta y hasta el día 06 de octubre del año 2031.

AMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ DE LAS CLAUSULAS MODIFICADAS Y ADICIONADAS CON EL PRESENTE INSTRUMENTO.

Antecedentes e institución de la video vigilancia en Méjico.

Se conocían entonces las características del equipo que se recibiría sin cotejar con las que pide el Cisen o las que incluso estimó el gobierno del estado para instalar un sistema de video vigilancia en 2009, previos concurso y    licitación [Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, 2009] y a un costo mucho menor que el presupuestado a la municipalidad en 2013. Tres millones y medio totaliza el costo de las cien cámaras. El contrincante compartió los documentos [Facturas]. En Tlaxcala, el costo se anunció de ciento treinta mil pesos [El sol de Tlaxcala], y en Sonora de 128 millones por seis años, pero “con toda la infraestructura tecnológica para la operación óptima del servicio. Dicha infraestructura cuenta con 162 cámaras” [Transparencia, gobierno de Sonora]. Mazatlán invirtió 27 millones de pesos en 26 cámaras de acuerdo a una fuente académica [Lajud y Quiroz, C. III, p. 112], y a través de los años la ciudad ha considerado aumentar el número de cámaras [El sol de Mazatlán y Noroeste.com]; la misma fuente académica menciona que Durango invirtió 3.8 millones de pesos en seis cámaras [p. 111] y la creación de un C4 para su operación; este Estado se reforzó años después [Milenio, 2012]

Tres estados tomaron en serio, con legislación y licitación, la video vigilancia. Aguascalientes, Chihuahua y Baja California, pero la juventud de estos proyectos en Méjico, donde iniciaron en el segundo lustro de la década prima del siglo XXI, no da aún números que destaquen el uso de video cámaras. Las fuentes no son fiables, por ser informes de funcionarios, carentes de datos seguros, o informes de gobierno. Un diario de izquierda cita a un director de C4 para enterar que en los primeros cuatro años de video vigilancia en el Distrito Federal (2009-2013) la delincuencia decreció más de 22 por ciento [La jornada, 8 de julio, 2013]; y un presidente municipal de Ecatepec, en el informe de sus primeros cien días de trabajo,  con la autoridad posicional que tienen los hablantes de esos discursos, que allí 62 cámaras redujeron 34 por ciento la incidencia delictiva, atribuyendo las cifras a la Procuraduría general de justicia del Estado de México. [Bedolla, 2010]. En Mérida, la fuente también es oficial, y sólo pone atención en el robo de vehículos [Milenio, 2013].

Aquellas tres entidades federativas recibieron en sus congresos iniciativas de video vigilancia que consideraban elementos acaso nunca pensados por Wilfrido y su gente. El personal de operación, incluida una comisión técnica, el trato de la información video grabada, las ventajas y desventajas del sistema, y la semántica del espacio público.

Escasea en Méjico la bibliografía sobre video vigilancia. Apoya la tesis “Necesidad de una Legislación para Regular el Uso de la Video Vigilancia en México”, presentada para obtener la Licenciatura en Derecho con área en Derecho Fiscal, por Karime Lajud Salgado y José Carlos Quiroz Avalos en la Universidad de las Américas Puebla (2007), con una visión muy básica. Plantean ellos una regulación jurídica de la video vigilancia en el país, a partir de observaciones hechas por la Comisión de derechos humanos de Sinaloa, por la falta de una ley que proteja los derechos ciudadanos ante la video vigilancia y habla de 118 recomendaciones hechas a ese estado [C. III, pp. 107 y 118].

Y, como se observa en aquellas notas de periódicos, es una estrategia orientada hacia la protección del sector privado y otros particulares, sin la intención de respetar los derechos de los demás. A esta condivisión ciudadana buscan Karime y José Carlos una justificación legal [Ibid., p. 119 y ss.] que contemple el aviso a la gente del objeto de las grabaciones [p. 120, inciso C)]. El Instituto de acceso a la información (Ifai) exigió ya esos informes y puso a disposición del público documentos de apoyo [Tabasco hoy, 2013 y La jornada, 12 de julio 2013] y hasta determinó que la seguridad nacional no se basa en el uso de cámaras de video vigilancia al obligar a la Secretaria de marina a hacer público obligó a hacer  el proceso de adquisición de nueve cámaras por parte de la dependencia [El heraldo de San Luis, 2013]. En Puebla, fue el presidente de la Red mexicana de franquicias (Mfn), Javier Maldonado Moctezuma, quien advirtió la necesidad de estos informes [El heraldo de Puebla, 2013].

Contra el panoptismo.

             Y es que no obstante que la legislación de Aguascalientes que hablita la video vigilancia toma por sustento el Artículo 21, párrafo noveno de la Constitución de Méjico, y el Artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jacob Bañuelos [2003] aclara que “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contempla en ninguno de sus artículos la regulación sobre el derecho a la propia imagen, honor e intimidad. La Declaración de los Derechos Humanos contempla algunos artículos que podrían aplicarse, y que sin embargo no tratan de lleno el problema, como los siguientes:

Art. 3º, Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Art. 6º.- Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Art. 7º.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Art. 8º.- Toda persona tiene derecho al acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

Con el aval de una adición del 30 de abril de 2009, la Constitución da libertad a los congresos “Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares” (art. 73, XXIX-O). El artículo 21 constitucional trata sobre la seguridad pública y lo que menciona, en su inciso b, es que el recabo de datos personales es al registrarse cuando se ingresa a las instituciones se seguridad pública.

Y el artículo 2 de la Ley general del sistema de seguridad pública, expone “salvaguardar la integridad y derechos de las personas” mediante “programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.”

Aún así, el Decreto No. 793/2012 II P.O. con el que el congreso de Chihuahua habilita la video vigilancia en ese estado, asegura en su título noveno, capítulo I, artículo 132 “confidencialidad, seguridad, reserva y funcionalidad de la información obtenida a través de (las video cámaras)”, salvo, se entiende, cuando las grabaciones tienen un fin judicial [Congreso de Chihuahua, 2012].

Baja California Sur, estado que presentó una ley de video vigilancia especificando la consecuente creación de una comisión técnica, se basó en el artículo 133 de la Constitución, el cual el congreso de dicho estado interpretó así: “la supremacía Constitucional, desprendiéndose que todo ordenamiento legal en su carácter de Ley Estatal o secundaria debe respetar a la primera, entonces hay que decir tácitamente que la presente propuesta de creación de la ley que regula la Video vigilancia en Baja California Sur, se encamina a garantizar el respeto a la vida privada y datos personales de los habitantes Sudcalifornianos, lo anterior es así, porque las fracciones II, III y IV del segundo párrafo del artículo 6to de la Constitución General de la República, establece que la información referida a esas particularidades deben de ser debidamente protegidas por la Ley, que toda persona tiene derecho a acceder gratuitamente a sus datos personales y que por igual deben existir sendos mecanismos de acceso y procedimientos de revisión expeditos [Congreso del estado de Baja California Sur, 2013 p.4], interpretación que se presta a la arbitrariedad de cada aplicador de los preceptos de lo que los mejicanos llaman su “carta magna”, porque el escenario queda propenso a caer en la auto atribución.

Fuentes que muestran cómo se protegen los derechos humanos ante la video vigilancia en España, muestran falta de noción sobre la aplicación en Morelia y en Méjico. Ana Aba Catoria expone la Obligación de “informar sobre la vigilancia por videocámara que se está llevando a cabo, incluso cuando ésta se realice en acontecimientos públicos o espectáculos. Es decir, se trata de dar a conocer que se están realizando funciones de vigilancia para que los afectados estén prevenidos al respecto [p. 19], y enlista los derechos fundamentales que resultan más afectados: los de la Personalidad, el de autodeterminación informativa o derecho de protección de datos personales, el de libre circulación de las personas que se sienten intimidadas y vigiladas por las videocámaras, y el derecho a la propia imagen que tutela la representación gráfica de la figura humana y, por tanto, la personalidad. “En consecuencia, la persona puede decidir sobre la captación o reproducción de su propia imagen física existan o no motivaciones de naturaleza económica” [p. (23].

Otra fuente española, como la de Aba, trata del modo de facilitar la información recabada por las cámaras: “Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A tal fin deberán:

  1. a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y
    b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.
    ” [Auditores Lopd, 2012] (Se suprime la mención de artículos, por corresponder estos a ley de otro país).

Karime  y José lo exponen en las conclusiones a su tesis, principalmente en las cláusulas décimo cuarta y décimo quinta, con la mención de que al no encontrarse todos los países bajo la misma incertidumbre jurídica, hay códigos que sirven de guía para otras naciones en cuanto al derecho de privacidad [pp. 130 y 131].

Ellos proponen la creación de un organismo autónomo que regule la instalación de las video cámaras, en el apartado de sus tesis “Propuesta de un régimen jurídico de video vigilancia en México” [C. III, p. 120] para que no sea la misma Secretaria de seguridad pública la que se conceda a sí mismas esa atribución, como lo hace sujeta al artículo 262 de la ley de seguridad (31 enero de 2005). Había surgido el Cisen, pero este, con la autonomía que le confiere el artículo 18 en el capítulo II de su marco normativo (el cual lo define como “órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía, técnica, operativa y de gasto, adscrito directamente al Titular de dicha Secretaría”), se auto habilita para el caso en el artículo siguiente: “Artículo 19.- Son atribuciones del Centro: VIII. Adquirir, administrar y desarrollar tecnología especializada para la investigación y difusión confiable de las comunicaciones del Gobierno Federal en materia de Seguridad Nacional, así como para la protección de esas comunicaciones y de la información que posea.” (El tema lo aborda con más detalle Eduardo Ibarra [p. 162]).

La estrategia, sin embargo, es simular el gobierno que hace algo, como lo expresa Diane E. Davis en aquel periódico de izquierda: (las cámaras) “permiten a las autoridades alegar que están haciendo algo contra la inseguridad, pero también porque proporciona a los sectores de ingresos altos la sensación de que están más seguros”.

El artículo, firmado por  Fernando Camacho Servín, presenta el centro de la ciudad como una zona de “tolerancia cero” donde las cámaras dan la ilusión de seguridad, lo que reactivó la economía en la zona [La jornada, 8 de julio, 2013].

Se está dentro del panopticóm de Michel Foucault, donde el ojo de la cámara ve todo sin ser visto, y el que es visto no ve nada. “Desde la arquitectura carcelaria del panopticom hasta la instalación de cámaras de video vigilancia en prácticamente todas las megaciudades, el problema de la utilización de dispositivos técnicos al servicio de la seguridad, tiende a ser visto desde la dimensión de la administración y la gestión de lo social. Esto supone formas particulares de establecer vínculos entre los gobernantes y los gobernados, las cuales, invariablemente, tienen en la construcción de las estrategias discursivas del poder político su ámbito de validez (y) es ahí donde se construye su legitimidad” [Espínola y Esquivel].

Foucualt, en “Vigilar y castigar”, había tratado acerca de este sometimiento: “el que está sometido a un campo de visibilidad y que lo sabe, reproduce por su cuenta las coacciones del poder” (p. 206 de la edición en español), pero el contexto filosófico no interesa donde se pretende validar la imposición, aún a costa de pasar sobre derechos fundamentales del ciudadano (para esto se puede ampliar con Guillermo Valdés Castellanos, quien expone que cómo era la justificación de la seguridad nacional poniéndola incluso sobre los derechos fundamentales, pp. 1-2).

Las cuentas de un regidor.

Porque en Morelia no se trata de un combate contra fuerzas delictivas, sino de imposición de un instrumento de uso inútil para la seguridad. La negativa de Wilfrido a devolver las cámaras la justifica en que se trata de un donativo, pero el contrincante saca el dictamen aprobado por el Cabildo el 10 de mayo de 2013 para ampliar la concesión a la empresa, donde se establece, en el considerando octavo, que la empresa solicitó la ampliación de la concesión “para pactar la entrega de 100 cámaras de seguridad para exteriores y modificar el término de vigencia del citado contrato”, lo que implica la obligatoriedad de las partes, lo que despoja la posesión de la cámaras del carácter de donativo.

En la sesión de cabildo del 26 de septiembre de 2013, el contrincante preguntó al jefe del cabildo quién había autorizado la recepción de las cámaras, y aquel contestó, con la auto imposición y la legitimación que se atribuye a ser obedecido: el cabildo.  Cabildo del cual forma parte el contrincante, pero el jefe gusta de integrar el yo a la tercera persona gramatical y así esconder su responsabilidad en una persona incierta, coerción del discurso que anula la comunicación con el auditorio, porque no existe intención en mantener la cooperación conversacional (práctica, se expone en el texto citado, propia de quien no goza de credibilidad o de quien no tiene condición discursiva de adecuación). El cabildo, del cual forma parte el contrincante, lo que expresa que con Cabildo Jefe se refirió a una mayoría, pero esta votó una conveniencia particular del presidente municipal, y no dio ocasión a aprobar una reunión con la empresa, solicitada por Villegas y sus compañeros de partido.

Contabiliza en metálico que los beneficios exclusivos de las cámaras son para la empresa, que mantuvo la concesión de espacios públicos para explotar publicidad a cambio de las cien cámaras y de nada más. (Con cuánto lamento repite el contrincante las palabras del jefe de que el aumento por seis años de la concesión se dio “a cambio de nada”).

El punto de acuerdo presentado aquel 26 de septiembre expone: “Cuando un acuerdo de voluntades como lo constituye el convenio modificatorio no es cumplido cabalmente por la parte beneficiaria del mismo, esto tiene el efecto jurídico de liberar a la otra parte del cumplimiento del convenio, es decir, ante la mala fe de una de las partes este instrumento jurídico deja de surtir sus efectos, por tanto, el convenio modificatorio es nulo de pleno derecho. El Ayuntamiento tendría que hacer valer esta circunstancia e, incluso si fuera el caso, defender su posición ante tribunales.

Para determinar el valor preciso de la concesión otorgada a esta empresa EUMEX por la explotación de espacios públicos, le solicite al Presidente Municipal por escrito el número de caras publicitarias instaladas en el Municipio, aun no he recibido respuesta. Pero en una entrevista el Ciudadano Presidente, declaro que eran 500 y en el contrato de concesión inicial firmado en el 2001, en el inciso I, clausula VIGESIMA SEXTA, menciona 1,220 menos la cantidad que le corresponde al Ayuntamiento. Según el primer caso le corresponden 150 y en el segundo 122, quedando las siguientes caras publicitarias para la empresa, considerando los dos escenarios: 350 o 1,098. Según cotización obtenida el 13 de septiembre de 2013 por EUMEX, la tarifa por cada cara publicitaria es de $2.600 pesos (más I.V.A.) por catorcena, el año incluye 26 catorcenas. Tomando en cuenta los datos anteriores, el valor de la concesión por año, sería el siguiente: con 350 caras, $23, 660,000 pesos; o con 1,098 caras $74, 224,800 pesos. Por 6 años seria $141, 960,000 o $445, 348,800. Por otra parte, el precio total de las 100 video cámaras, especificadas en el addendum al contrato de concesión, es el siguiente: modelo CZ100 IRRC $948,787 pesos (incluye I.V.A.) y del modelo PTZ400 22X $935,424 pesos  (incluye I.V.A.), según cotización 5020, con fecha 11 de septiembre de 2013, expedida por Proyektos de Seguridad.”

            Y recalca sus cuentas:

Con la aprobación de este punto de acuerdo, en cada uno de sus términos, se tendría una recuperación en las finanzas públicas y del patrimonio municipal de Morelia, por el orden de $23,660,000 o $74,224,800 en un año y en 6 años de $141,960,000 o $445,348,800. Recursos que bien pudieran ser aplicados para mejorar algunos servicios públicos municipales, en beneficio de la sociedad en su conjunto, como modernización del alumbrado público o mantenimiento de las vialidades. Si el costo por luminaria es de $7,109 pesos, alcanzaría para comprar en un año 3,328 luminarias o 10,440, en 6 años 212,938 o 668,000 luminarias; si el costo promedio por bacheo es de $400 pesos, alcanzaría para tapar en un año 59,150 baches o 185,562 y en los 6 años 354,900 baches o 1,113,372; si el metro cuadrado de pavimentación de asfalto caliente tiene un costo de $200 pesos, alcanzaría en año para 118,300 o 371,124 metros cuadrados, y en 6 años se pudiera pavimentar 709,800 metros cuadrados o 2,226,744.”

Conclusiones, con contrariedades y engaños.

             Mientras el punto de acuerdo era dirigido con lentitud hacia el descarte con la resistencia que los miembros de cabildo en favor de la propuesta oponían, el aguador exhalaba el resto de su equipo al exponer lo que fueron tres engaños con las cámaras: no eran para exteriores, no estaban avaladas por el Cisen y no se instalaron en el plazo convenido de sesenta días; las tres cosas eran acuerdo firmado en el convenio (ver primer apartado del apunte). Pasó desapercibido que el aguador Contreras y su partido apoyaron recibir las cien cámaras a cambio de extender la concesión a la empresa, lo que ya favorecía la intención del jefe o si se aprecian las cuentas sobre las ganancias, porque la empresa obtenía el regalo de espacios publicitarios.

Nunca se vio ni se estimaron los elementos que antes se mencionaron: personal de operación, comisión técnica, trato de la información video grabada, ventajas y desventajas del sistema; el restante, la semántica del espacio público, quedó apenas esbozada en el análisis.

Las legislaciones de Aguascalientes y de Baja California Sur son los únicos documentos que al día avalaron un diseño formal de instalación y funcionamiento de video cámaras, considerando aquellos elementos, pero nadie estimó los puntos débiles. De acuerdo a una de las afirmaciones científicas en el artículo firmado por Fernando Camacho, “Uno de los puntos débiles de los CCTV, indica Clive Norris, es precisamente su capacidad de monitorear muchos puntos de forma simultánea, ya que es imposible tener personal suficiente que los grabe, observe y analice todo el tiempo, pues eso llevaría a la saturación del sistema y por lo tanto a su inutilidad.” Una más, de Nelson Arteaga, investigador de la Universidad Autónoma del estado de México dice: “Cuando se ve todo, al mismo tiempo no se ve nada. Puedes pasar 15 horas viendo un monitor sin que ocurra nada importante y no hay policía que lo aguante”.

Apuntes más duros, por ir más allá de los límites de la nota periodística, los da Eduardo Ibarra Sánchez, becario de posgrado de derecho en la Unam (y ya son varios estudiantes los que hacen brotar la bibliografía sobre el tema en Méjico) en su ensayo sobre video vigilancia. Analiza, de los casos que interesan ahora, los requisitos de operación [pp. 253-4] y las ventajas y desventajas del sistema. Entre estos, sobresale el poner a disposición de terceros datos personales [pp. 260-1].

La falta de una legislación en Morelia para la video vigilancia, permitió las trampas del jefe que brinda beneficio a empresarios con un contrato que, de extenderse hasta el año 2013, tendrá vigencia durante el resto de la carrera política del jefe, en lo que es ya un convenio vitalicio a nivel personal para él, quien literalmente no entregó los espacios a la empresa a “cambio de nada”, porque el convenio incluía los quinientos tambos de basura.

Como si previera el destino final de las cien cámaras.

Fuentes.

(Si se desease consultar alguna y ya no estuviese disponible en línea, Milton tiene respaldo). Ver también Ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares.

Académicas.

Ibarra Sánchez Ernesto, “Videovigilancia”. Punto de colisión entre derechos fundamentales, seguridad y protección de datos personales en México.

Lajud Salgado, Karime y Quiroz Avalos, José Carlos, “La Necesidad de una Legislación para Regular el Uso de la Video Vigilancia en México”, Universidad de las Américas Puebla, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Departamento de Derecho. Tesis profesional, 2007.

Documentales.

Facturas de video cámaras. (proporcionadas por el regidor Miguel Ángel Villegas).

Acta 1

Acta 2

Acta 3

Institucionales.

Auditores Lopd, “La videovigilancia y la protección de datos”, 29 de febrero de 2012,

Bedolla López Pablo, “A 100 días de gobierno…”, 2010.

Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo. “Procedimiento de licitación por invitación
restringida a cuando menos tres proveedores N° CADPE-EM-IRE-028/2009-2ª”, 2009.

Congreso del estado de Baja California Sur, “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la ley que regula la video vigilancia en el estado”, 2013.

Congreso del estado de Chihuahua, Decreto de adición al “Sistema Público de Videovigilancia”, 2012,

Transparencia, gobierno de Sonora.

Periodísticas.

El heraldo de Puebla, 21 de febrero de 2013.
El heraldo de San Luis Potosí, 3 de agosto de 2013.
El sol de Tlaxcala, 25 de mayo de 2013.
El sol de Mazatlán, 7 de diciembre de 2011.
La jornada, 8 de julio de 201312 de julio de 2013, Milenio, 5 de agosto de 201325 de octubre de 2012.
Noroeste.com, 17 de junio de 2011.
Tabasco hoy, 7 de julio de 2013.

Personales.
Bañuelos, Jacob, “Videovigilancia en la Sociedad Panóptica Contemporánea”, en Razón y palabra, 2003,

Catoira, Ana Aba, “La videovigilancia y la garantía de los derechos individuales: su marco jurídico”.

Espínola, Dolly y Esquivel, Edgar, “La videovigilancia y el discurso de la seguridad”, en Versión.

Valdés Castellanos, Guillermo, “La inteligencia para la seguridad nacional en el siglo XXI”.

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